Junio 2017

Columnas de opinión del Procurador General

La capacitación para una mejor gestión con visión federal

Como hemos dicho anteriormente, dentro de los objetivos ministeriales definidos en nuestro Plan de Gestión se encuentra el de “Mejorar la calidad profesional mediante la implementación de buenas prácticas y la capacitación permanente de los integrantes de la Procuración General”.

Así, en cumplimiento de ello desde la Dirección General de Información Jurídica y Extensión continuamos y procuramos acrecentar la fecunda tarea desarrollada desde la gestión anterior en cuanto a la promoción de una intensa actividad académica, de formación y capacitación jurídica en temas propios del Derecho Público que se vinculan al ejercicio de nuestra actividad.

Llevamos adelante diversas diplomaturas y carreras de Estado en diferentes especialidades, a saber: Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal; Programa de Diplomatura sobre Régimen Administrativo y Presupuestario; Programa de Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los Ingresos Públicos; y más recientemente el Programa de Diplomatura sobre Derecho Procesal Constitucional y Administrativo.

También realizamos talleres y jornada especiales de capacitación; anualmente organizamos el Congreso Internacional de Abogacía Pública Estatal y Local –cuya realización este año tendrá lugar del 6 al 8 de septiembre– que desde su primera edición ha congregado a miles de asistentes.

En todos los casos la tarea docente está a cargo de destacados profesores que conjugan en una equilibrada armonía el saber científico con la práctica profesional.

No hace falta argumentar demasiado sobre la necesidad de la formación y la capacitación permanente. El Derecho debe responder a nuevos desafíos y exigencias. Las disciplinas jurídicas evolucionan, las leyes se modifican, las decisiones judiciales se suman, se dictan nuevas reglamentaciones, surgen opiniones doctrinarias, etc. Todo ello debe ser conocido por el abogado no tan solo para completar su formación y actualizar su conocimiento, sino además y principalmente para contar con los recursos profesionales suficientes para el desarrollo práctico de la tarea profesional. Y si esta exigencia recae en verdad sobre todo letrado, mucho más en nuestra visión debe centrarse en el abogado del Estado, que debe dirigir su conducta no solo a la mejor defensa del interés público sino también a colaborar con la elevación del nivel de institucionalidad, que es –a no dudarlo– uno de los grandes desafíos que tenemos por delante en el país si pretendemos un cambio verdadero.

Esta necesaria capacitación, además, no incluye tan solo a los abogados. También los restantes profesionales y asistentes técnicos y administrativos que trabajan en la Procuración General deben prepararse adecuadamente para la realización de la valorada tarea que tienen a cargo y para ello, entre otras actividades, se encuentran los cursos que imparte el Instituto Superior de la Carrera.

Todos estos esfuerzos los dirigimos a la formación permanente de los integrantes de la Casa y por extensión también por la cercanía, a todos los abogados que se desempeñan en el sector público ya sea del ámbito del Gobierno de la Ciudad como del Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y varios de los municipios del conurbano.

Mas no conforme con ello, desde los inicios de estas actividades académicas las mismas han estado también abiertas a abogados de otras provincias. Y en los nuevos tiempos que corren a partir de esta gestión hemos procurado acrecentar y fortalecer esta apertura.

En tal sentido, en este primer semestre del año hemos mantenido reuniones con mis pares y otros actores relevantes de la abogacía pública de las provincias y firmado convenios de cooperación institucional y académica en materia de profesionalización y capacitación del Cuerpo de Abogados. Es mi intención mantener una relación lo más estrecha posible con la abogacía pública de cada jurisdicción para poder intercambiar información, conocimiento y buenas prácticas.

Enfatizar y priorizar la capacitación permanente en el ámbito de la abogacía pública con una visión federal es el mandato del ahora. Ello no solo para colaborar en la mejor gestión del Bien Común sino también para que con prudencia e independencia técnica podamos contribuir a elevar el valor de la institucionalidad.