Septiembre 2020

Columnas de opinión del Procurador General

En defensa de la autonomía y el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires

Como abogados sabemos que todos los asuntos que nos resultan encomendados exigen del mismo celo y compromiso en su atención, ello como consecuencia de nuestra obligación y responsabilidad profesional. Pero es verdad que, de un modo excepcional, algunos de ellos nos imponen a veces, por su urgencia y trascendencia, un nivel de intensidad y dedicación más extraordinario. Tal fue lo ocurrido en nuestra Procuración General en los últimos días con la presentación judicial que realizamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A partir de la vigencia del Decreto N° 735 del Poder Ejecutivo Nacional ocurrida el pasado 10 de septiembre, la Ciudad de Buenos Aires viene sufriendo un recorte significativo del coeficiente de su participación del monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2 de la Ley N° 23.548, cuyos importes son transferidos en forma diaria y automática. Se trata de un acto unilateral e intempestivo dictado en clara violación a diversos principios y pautas constitucionales.

Frente al mandato expreso establecido en el artículo 6 de nuestra Constitución Local para preservar y defender la autonomía de la Ciudad, ese mismo día de entrada en vigor de la norma, el Jefe de Gobierno de la CABA dictó el Decreto N° 324 instruyendo a nuestra Procuración General a promover acciones judiciales contra el Estado Nacional a los fines que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N° 735 del PEN y se recomponga la integralidad del Tesoro local , con mas intereses, y solicitar el dictado de una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de efectos y ejecutoriedad de la norma impugnada.

Cabe recordar que el anterior coeficiente en la coparticipación federal de impuestos establecido a favor de la CABA había sido incrementado cuatro años atrás en cumplimiento del mandato constitucional (art. 75, inc. 2 ) que establece que no hay transferencia de competencias, servicios o funciones a una jurisdicción sin los respectivos recursos. Ello ocurrió cuando se produjo la transferencia de las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales ejercidas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Como decíamos, la norma cuestionada afecta gravemente el carácter convencional y concertado que rige el régimen de coparticipación como así también la intangibilidad de los recursos de la CABA requeridos para la prestación del servicio de seguridad pública, que en el caso además se encontraban previstos en el presupuesto de gastos y recursos para este año ya aprobado y en plena ejecución.

Más allá de que nuestro rol se circunscribe al ámbito específicamente judicial, desde mi apreciación personal no puedo dejar de advertir y lamentar que la medida pretende jaquear las chances de llevar adelante la gestión de gobierno en nuestra ciudad en el contexto ya muy complicado de la actual situación de emergencia. En toda circunstancia, y máxime en esta gravísima crisis, es preciso apostar a la unidad y al diálogo antes que seguir propiciando enfrentamientos y divisiones apelando para ello además a recrear viejas antinomias que debemos trabajar para superar.

De acuerdo a la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendimos que el reclamo que correspondía efectuar debía ser planteado ante los estrados del más Alto Tribunal que puede entender en el mismo en jurisdicción originaria, siendo además la primera vez que la Ciudad acude en esta instancia. Así, conforme la instrucción recibida, la presentación judicial fue realizada el viernes pasado. En un asunto de enorme relieve y trascendencia para la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, una vez más la Procuración General ha cumplido la importante misión constitucional de representar a la misma en juicio cuando se controvierten sus derechos e intereses, y en defensa de su patrimonio. Sentimos un legítimo orgullo por la tarea realizada y comprometemos nuestros mejores esfuerzos y compromiso profesional para el éxito de la encomienda recibida.