Julio 2020

Columnas de opinión del Procurador General

Más capacitación para una mejor gestión

travesamos ya cuatro meses de cumplimiento del período de aislamiento social obligatorio en medio de la crisis más dura y profunda que nos haya tocado enfrentar. Mientras el virus esta todavía entre nosotros, nos disponemos a llevar adelante una reapertura gradual y paulatina de actividades que requerirán de la mayor responsabilidad personal.

En medio de ello seguimos adelante con nuestras tareas en la Procuración General, y en muchas áreas, inclusive con una carga de trabajo superior y más exigente a los períodos normales. En estas circunstancias el teletrabajo se ha revelado como la única alternativa posible y eficaz para poder seguir cumpliendo con nuestra misión constitucional.

Muchas cosas están cambiando y ya no serán como antes. Pero hay algo importante que seguramente no se verá alterado, que es la insoslayable necesidad de estar continuamente mejor preparados y capacitados desde el punto personal para ejercer nuestra actividad como abogados del Estado.

Conscientes de esta realidad, desde hace mucho tiempo venimos con nuestra Escuela de Formación en Abogacía Pública trabajando para brindar las mejores herramientas posibles, tanto a los profesionales de nuestra Casa como así también a todos los abogados integrantes del sector público en todas las jurisdicciones del país. Estamos firmemente empeñados en que esta gustosa obligación que hemos asumido se mantenga y acreciente en este tiempo tan duro y excepcional que vivimos.

Por ello es que durante el mes que viene tendremos un nuevo ciclo de capacitación dirigida exclusivamente a los abogados que integran nuestra Procuración General, con un temario que busca atender nuestra mejor y creciente aptitud para desarrollar las tareas con el más alto nivel de excelencia.

También por esta razón seguimos adelante, desde principios de año, con el dictado de las clases correspondientes a las distintas diplomaturas que ofrecemos. Pude la semana pasada saludar a los alumnos que participaron de la última clase de la segunda edición del Post-Posgrado en Abogacía Pública Federal y Local y de la cuarta camada de la Diplomatura en Derecho Procesal Constitucional y Administrativo. Tenemos además previstas otras actividades que prontamente definiremos y anunciaremos.

Finalmente, podemos felizmente también confirmar que tendremos este año el VIII Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal cuya realización se amoldará a la situación de excepción que atravesamos. Tendrá lugar los próximos días 22 y 23 de octubre, en el auditorio de la sede de la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si las circunstancias lo permiten a esa fecha, contaremos con el grado de presencialidad que los protocolos admitan, y con una mayor cantidad de participantes seguramente de modo virtual. Será una experiencia desafiante y novedosa para todos, pero confiamos en que esta nueva edición se mantenga como la gran cita de encuentro de la abogacía pública de todo el país.

“El derecho público ante la emergencia y la nueva normalidad” es el tema elegido para esta convocatoria. No podía ser otro, dado el momento que afrontamos y lo que tenemos por delante. Los tres conceptos básicos que componen dicho título adelantan la temática que pretendemos abordar con la disertación, como siempre, de muy destacados expositores nacionales e internacionales.

Aunque tradicionalmente se trata de un evento que congrega en su mayoría a especialistas en derecho administrativo, en esta oportunidad resulta insoslayable también contar con un encuadre constitucional frente a la excepcional situación de atravesamos, no solo en nuestro país y en nuestro continente americano sino en el mundo entero. De allí entonces que pretendemos contar con una visión amplia que pueda incluir la mirada de todas las disciplinas que conforman la expresión más genérica del “derecho público”. El término “emergencia” es una locución técnica tanto del derecho constitucional como administrativo, con todas sus implicancias y consecuencias, y con ella aludimos al presente que vivimos. Finalmente, la expresión que refiere a la “nueva normalidad” tiene un claro sentido meramente sociológico que apunta al futuro que tenemos por delante que no sabemos bien en qué consiste aunque presumimos con inquietante certeza será distinto al pasado conocido.

Desde nuestra Procuración General seguiremos con todo entusiasmo impulsando estas y otras nuevas iniciativas orientadas a brindar una mejor preparación y capacitación a los abogados del Estado, convencidos de que una más sólida formación técnica contribuye decisivamente a un ejercicio profesional más responsable de nuestra actividad y, por ende, a un nivel de mayor robustez institucional.

Los saludo con mi mayor cordialidad