Julio 2022

Columnas de opinión del Procurador General

Defender la independencia judicial contra viento y marea

La necesidad de preservar y fortalecer la independencia de los jueces como regla fundamental para el buen funcionamiento de una república democrática es una cuestión tan esencial como indiscutible. Sin embargo, pese a la muy extendida adhesión que esta afirmación genera en el ámbito de las ideas, la gente de a pie percibe que, en la práctica, en no pocas situaciones, la vigencia de este principio parece no verificarse.

Es verdad que seguramente, en la mayoría de los procesos judiciales y en sus resoluciones, los mismos transcurren normalmente como fruto de la concienzuda y silenciosa tarea de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Sin embargo, muchas veces también, en las causas relacionadas con actos de corrupción en el ejercicio de la función pública, el significativo retraso en el trámite de estas y la ausencia de condenas provocan en la ciudadanía una lógica desazón y desconfianza en el funcionamiento del sistema.

Para revertir esta negativa tendencia y sensación es preciso, entre otras cuestiones, robustecer la independencia de la Justicia de todas las formas posibles, empezando por mejorar el proceso de designación y desvinculación de los jueces, procurando que los intereses políticos particulares dejen de interferir tanto en ello como en la tramitación de las causas. Debemos admitir que se trata de una vieja asignatura pendiente en nuestro sistema institucional.

Pero parece bastante claro también que, desde la asunción de las nuevas autoridades nacionales a fines de 2019, el interés primordial de la vicepresidenta y titular del Senado se ha centrado en procurar mejorar su suerte, de cualquier modo que fuese, en las muchas causas judiciales en las que se encontraba muy comprometida a ese momento.

No es del caso realizar un repaso de la larga lista de iniciativas lanzadas en tal sentido. Entre ellas recordamos el proyecto de modificar el funcionamiento de la Procuración General de la Nación y de remover a su actual titular, así como también el brusco cambio en las decisiones de la Oficina Anticorrupción y de la UIF que se han desinteresado de la suerte de ciertas causas que antes habían impulsado.

Más cerca en el tiempo, cabe mencionar el reciente proyecto de ley de modificación de la Corte Suprema impulsado por el Poder Ejecutivo y varios gobernadores oficialistas que contempla la creación de un nuevo tribunal superior compuesto de veinticinco miembros, uno por cada provincia, otro por la CABA y otro designado por la Nación. Esta propuesta desconoce muchos aspectos fundamentales previstos en nuestra Constitución, entre ellas que la participación de las provincias en el gobierno federal tiene lugar a través del Senado,

con representación igualitaria de las provincias. A los ojos de cualquier atento observador, esta poco feliz iniciativa, que no parece tener chances serias de prosperar, solo parece explicarse a partir de la intención de diluir el poder de los actuales integrantes de nuestro Más Alto Tribunal.

Hace pocos días ocurrió también un inusual episodio que fue la violación de veinticuatro sobres cerrados con las declaraciones patrimoniales reservadas de jueces en oficinas del Consejo de la Magistratura de la Nación, algunos de ellos precisamente correspondientes a magistrados que entienden en causas judiciales de relevancia donde está siendo investigada la conducta de la actual vicepresidenta. El hecho parece tener ciertas connotaciones mafiosas y por supuesto, para beneficio de todos, confiamos en que pueda ser rápidamente investigado y esclarecido.

Finalmente, la semana pasada, frente a la decisión de la Cámara Federal que revocó el procesamiento del expresidente Macri en la causa por presunto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, el ministro de Justicia de la Nación se despachó con una fuerte crítica a los integrantes de dicho tribunal señalando, respecto a los firmantes del fallo, que no estamos en rigor frente a jueces que fallan sino de amigos del procesado a quien salvan. No es propio de un funcionario de este rango referirse de esta manera a una resolución judicial.

Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con los fallos de los jueces, y para ello existen las instancias de apelación. Pueden también expresarse opiniones sobre las sentencias. Pero en cualquier caso no debemos perder de vista las formas y la indispensable necesidad de sostener y asegurar la independencia de criterio de los jueces al emitir sus veredictos, dejando de lado todo mecanismo de interferencia o presión.

No es una cuestión menor. La suerte de una verdadera República depende de que todos defendamos y actuemos convencidos de la virtud de este sano y vital principio de división de poderes.