Abril 2016

Columnas de opinión del Procurador General

Demandas a la justicia

En estos días que corren del mes de abril la sociedad se ha visto conmovida por decisiones de los tribunales en casos de fuerte repercusión mediática en los que se investigan las conductas de funcionarios públicos acusados de delitos vinculados a la malversación de fondos y el lavado de dinero.

No constituye novedad alguna señalar que, lamentablemente, la corrupción reviste entre nosotros, desde hace tiempo, el carácter de un mal endémico. Así lo reflejan algunos índices internacionales de transparencia que colocan a la Argentina en un puesto bastante rezagado, como así también la común sensación que se palpa de nuestra experiencia colectiva.

No es del caso indagar sobre las razones de esta realidad, aunque ciertamente ella es fruto, entre otros motivos, del estado de anomia que padecemos (“un país al margen de la ley”, según lo titulaba Carlos Nino) y de la impunidad, que tal vez sea la principal causa generadora de la corrupción. Ello ocurre cuando los procesos judiciales se manipulan y quienes deberían recibir el castigo sienten que pueden negociar o neutralizar la acción del órgano encargado de juzgarlos.

Con la asunción del nuevo gobierno, a la par de la buena expectativa de que sus integrantes contribuyan a elevar los estándares de ética y transparencia, se instaló una creciente demanda en vastos sectores de la sociedad para que se penalice a los responsables de actos de corrupción, haciendo realidad la regla de que “quien las hace las paga”.

Muchos venían sosteniendo que el Gobierno debía impulsar de alguna forma la adopción de estas sanciones. Y tal vez por ello la febril actividad tribunalicia evidenciada en las últimas jornadas ha sido recibida como un sano despertar judicial, que parece mostrar a los magistrados más decididos a investigar e impulsar los procesos en este tipo de posibles delitos.

Esta comprobación sociológica debe sin embargo llevarnos a clarificar desde lo institucional como deberían ordenarse las demandas. No corresponde al Poder Ejecutivo imponer las penas ni inmiscuirse en los procesos judiciales, sino dejar actuar libremente a la Justicia respetando su independencia.

Si el poder administrador se comportase de esta manera, lo cual no fue lamentablemente la regla de los últimos años, durante los cuales asistimos a un malsano intento de avasallamiento del poder judicial, sí cabe demandar a los jueces que actúen con eficacia e imparcialidad para que las causas se desarrollen con celeridad, se respeten las reglas del debido proceso y las mismas culminen con sentencias justas y ejemplificadoras.

Si anhelamos de verdad reconstruir las instituciones republicanas debemos de una vez por todas aceptar la majestad de la Justicia, y dejarla actuar sin presiones indebidas de ningún tipo. Solo así podremos demandarle luego que cumpla cabalmente con la función jurisdiccional que la Constitución Nacional le atribuye. Confiemos en que las buenas señales evidenciadas en la materia por ambos poderes nos permitirán retomar la buena senda institucional extraviada.

Mientras ello ocurre, comparto con ustedes la satisfacción por el contundente respaldo otorgado por la Legislatura porteña al brindar hace pocos días el acuerdo para mi designación como Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho apoyo no hace sino reforzar mi entusiasmo y compromiso por trabajar diariamente desde mi función con el mayor ahínco colaborando en la gestión gubernamental de la Ciudad y en la defensa de la legalidad y del interés publico.