Marzo 2021

Columnas de opinión del Procurador General

Herencias vacantes: tres resultados positivos en un mismo plan de acción

En estos días recientes varios medios de comunicación se hicieron eco de la primera subasta online del año de inmuebles correspondientes a herencias vacantes vendidos por nuestra Procuración General, que tuvo lugar el pasado 17 de marzo. Vale la pena resaltar algunos aspectos del trabajo que venimos realizando en esta área de nuestra actividad judicial.

Empecemos por recordar que un bien se considera vacante cuando fallece su titular sin haber dejado herederos intestados o testamentarios. De acuerdo a lo establecido por la Ley N° 52, sancionada en el año 1998, dichos bienes, salvo que los mismos sirvan para su uso al Ministerio de Educación, deben ser enajenados en público remate a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el producido de los mismos se incorpora a un fondo de afectación específico para la educación pública.

La citada ley encomienda a la Procuración General las tareas de recabar y recibir las denuncias de bienes que pueden corresponder a herencias vacantes, iniciar o tomar parte en el juicio sucesorio, designar curadores, llevar adelante el proceso de subasta pública y finalmente firmar las escrituras traslativas de dominio a quienes resulten compradores y hubiesen pagado la totalidad del precio de adquisición.

Desde hace más de cuatro años hemos implementado un programa de trabajo y plan de acción en esta materia que nos ha permitido alcanzar significativos avances y logros en tres aspectos: el principio de la buena administración, el valor de la transparencia y el incremento de fondos para fortalecer la educación pública.

El plan de trabajo trazado en el Departamento de Herencias Vacantes de nuestra Procuración General comenzó por realizar un detallado análisis de todos los procesos judiciales que involucran inmuebles que podrían ser vacantes, lo que nos permitió definir cursos de acción concretos, impulsar el trámite de los procesos judiciales, efectuar una programación de subastas y acelerar los plazos de las firmas de las escrituras logrando así optimizar la recaudación. Ello además fue fruto del trabajo coordinado con las restantes áreas involucradas en la operatoria como el Ministerio de Educación, el Banco Ciudad y los escribanos intervinientes. La buena administración quedó evidenciada a partir de la existencia de un plan, la dedicación comprometida de nuestros abogados y del personal del área que llevan estos procesos, y el trabajo en equipo.

La publicidad y transparencia de todas estas tramitaciones es otra realidad muy destacable. Las fechas de subasta y descripción de los inmuebles se publican con antelación en diarios de circulación masiva y otros medios, como la página web del Banco Ciudad. Para garantizar la seguridad y anonimato de los postores ya se había establecido un sistema de “sobre cerrado” para efectuar las ofertas. Desde fines del año pasado, ya en plena pandemia, se encuentra en vigencia la subasta online que garantiza las mejores condiciones de transparencia y confidencialidad. Antes de ello ya formaba parte esencial de nuestro plan la difusión de que no resultaba necesario la actuación de intermediarios, desalentando así la falsa premisa de que los oferentes debían acordar con la denominada “Liga” para comprar en un remate, explicitando esto mismo en la publicidad de cada subasta. De esta manera en los últimos años hemos logrado que prácticamente casi todos los compradores se hayan informado directamente en nuestra sede o en el propio banco para participar del remate.

Finalmente, todos nuestros esfuerzos de transparente y buena administración tienen no solo su propio valor intrínseco, sino que además toda la mejora en la recaudación que se logre en cada venta redunda en un beneficio directo para la educación pública. Sabemos que un mejor futuro para nuestra democracia se construye a partir de la educación, que debe ser de la mayor calidad y accesible para todos. La pandemia nos hizo valorar el año pasado la presencialidad en las escuelas, y por ello hemos trabajado en todo el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que los chicos comenzasen el ciclo lectivo asistiendo a las mismas. El mismo compromiso ponemos en esta tarea judicial y administrativa bien realizada, sabiendo además que la misma sirve para mejorar las condiciones de funcionamiento de la educación pública. Seguiremos llevando adelante este plan de acción procurando mejorarlo cada día, en la convicción de que el mismo nos permite avanzar en todos estos aspectos que nos acercan al país que soñamos y deseamos construir.