Agosto 2020

Sobre la propuesta de reforma judicial

El Congreso de la Nación se encuentra en pleno tratamiento de un proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo. Como ciudadanos, y particularmente como abogados, no podemos estar ajenos al mismo, por lo que quisiera compartir unas primeras reflexiones sobre la cuestión a título exclusivamente personal.

El proyecto presentado pretende justificarse en la realidad de que el servicio de justicia no funciona bien y que debe ser mejorado para hacerlo más cercano y confiable. Es imposible no coincidir con esa expresión general, avalada además por las encuestas de opinión pública. Más allá de la honesta y comprometida dedicación a su tarea de una mayoría de jueces y funcionarios judiciales, esta negativa sensación predominante se asienta en su modalidad de funcionamiento, la duración de los procesos, algunas pautas visualizadas como privilegios y, fundamentalmente, en la muy mala imagen del fuero penal federal con asiento en la Capital Federal que juzga la conductas de los funcionarios públicos. La muy ilustrativa auditoría realizada hace poco tiempo sobre la performance de dicho fuero revela la excesiva demora de los procesos y la particularmente muy escasa cantidad de condenas frente a las denuncias.

El problema que surge es que el proyecto no parece apuntar en verdad a dar solución a esos problemas. Se pretendería diluir el poder de los doce juzgados de primera instancia existentes en el mencionado fuero elevando ese número sustancialmente y emplazando en esos nuevos cargos a jueces subrogantes (elegidos sin el debido sustento legal) con un mandato inicial de hasta un año y medio. Ello además, tendría lugar en contradicción con la implementación del sistema acusatorio establecido en el Código Procesal Penal y en el mismo proyecto en cuanto dispone que el sistema acusatorio deba regir en un plazo máximo de dos años. Serían más fiscales que jueces los que hacen falta.

La solución pasaría no por incrementar tanto la cantidad de jueces sino por contar con un sistema que permita remover a los malos y designar a los mejores cuando sea necesario. Ello nos lleva a la cuestión de la integración del Consejo de la Magistratura, cuyo equilibrio entre los diversos estamentos fue alterado por la Ley 26.080 sancionada en el año 2006 en beneficio del sector político, desnaturalizando el objetivo que tuvo la creación de dicho organismo en la última reforma de la Constitución Nacional de 1994 que fue el de afianzar la independencia de los integrantes del poder judicial. Tras un fallo de segunda instancia que declara la inconstitucionalidad de dicha ley, hace más de cuatro años el tema se encuentra a definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una democracia cabal y verdadera los tres poderes tienen que ejercer sus propias atribuciones.

Se propone también la creación de nuevos juzgados federales en diversas ciudades del interior del país, lo cual puede resultar conveniente. Del mismo modo, en cumplimiento del claro mandato constitucional se prevé el traspaso de la justicia penal ordinaria a la ciudad de Buenos Aires, aunque supeditando ello al consentimiento de los jueces, funcionarios y empleados, lo que genera múltiples interrogantes. No existe mención alguna a la transferencia de los restantes fueros, debiendo también recordarse que en cualquier caso las mismas deberían incluir los recursos para hacer frente a dichas erogaciones.

En forma separada se dispuso la creación de una comisión asesora para analizar posibles cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluyendo la ampliación de sus miembros. Resulta llamativo que ello haya tenido lugar sin que hasta ahora se haya requerido la propia opinión del más Alto Tribunal. También, que dicha comisión sea integrada en algunos casos por abogados que representan legalmente a personas involucradas en causas de corrupción que estarán a consideración de la propia Corte Suprema, lo que constituye como mínimo un claro caso de conflicto de intereses.

Si al proyecto presentado le sumamos algunas decisiones adoptadas en el primer semestre del año por diversos organismos, incluyendo además el desmantelamiento del programa de protección de testigos, la pretensión de remover a jueces que intervienen en causas que comprometen a funcionarios llegando incluso a la desobediencia de medidas cautelares, y hasta la posible modificación del régimen de elección del Procurador General de la Nación y el aumento de miembros del Alto Tribunal, ello puede llegar a abonar la fundada sensación de que, antes que mejorar el servicio de justicia en beneficio de la gente, estas medidas terminarán por asegurar la impunidad de funcionarios que deben afrontar el debido proceso legal.

Estamos atravesando momentos muy graves y delicados por la situación de emergencia generada por la pandemia, donde es preciso reforzar los lazos de unidad en la sociedad y acompañar las decisiones gubernamentales dirigidas a proteger la salud pública. Para ello, también resulta conveniente que proyectos de esta naturaleza tengan un adecuado nivel de acuerdo y consenso entre las fuerzas políticas y sociales que evite profundizar grietas y discordias. Está en juego también la salud de nuestra democracia republicana, cuyas bases se asientan tanto en la ley como en la ética.