Julio 2017

Columnas de opinión del Procurador General

Gestión y transparencia en las herencias vacantes

Dentro del marco del plan de gestión que llevamos a cabo en esta Procuración General, venimos desde hace tiempo trabajando en mejorar el procedimiento que rige las Herencias Vacantes, tal como ordena la ley N° 52 de la C.A.B.A. y su decreto reglamentario Nº 2760-GCBA-98.

Una herencia se considera como vacante cuando fallecida una persona sus bienes no pueden atribuirse a persona alguna por no existir herederos legítimos o testamentarios. Es allí que la Procuración General está llamada a intervenir iniciando estos procesos sucesorios, designando curadores e identificando los bienes que correspondan al causante, posibilitando que los mismos o su producido ingresen al patrimonio del Estado, con la finalidad de destinarlos a la Educación Pública, ya sea posibilitando que algunos de esos bienes inmuebles, de reunir algunos requisitos, puedan ser aptos para una utilidad pública educativa, o aplicando el producido de la venta de los mismos a solventar gastos en infraestructura escolar.

En esta inteligencia, luego de efectuar un completo y analítico inventario de todos los asuntos en trámite, desde el año pasado hemos definido un programa de trabajo que implicó definir cursos de acción concretos, acelerar el trámite de los juicios, establecer un cronograma de subastas anual con base en un stock de inmuebles en condiciones óptimas para ser vendidos (desocupados, con títulos perfectos y sin deudas de expensas), y adelantar los plazos de firma del boleto de compraventa y escrituración para de ese modo optimizar la recaudación para el fondo destinado a Educación Pública y, sobre todo, dotar al procedimiento de seguridad jurídica, de transparencia y confiabilidad.

La realización de esta tarea conlleva la colaboración y trabajo en equipo con otras áreas del Gobierno: el Ministerio de Educación ( beneficiario último de las herencias vacantes y quien define qué inmuebles son o no aptos de utilidad pública ) y el Banco Ciudad, a quien corresponde realizar las subastas de los inmuebles. Con esta finalidad hemos mejorado la interaccion entre los tres organismos que se plasmaron en un Convenio Marco de Cooperación, bajo un programa denominado “SUBASTAS TRANSPARENTES”. Este trabajo conjunto nos ha permitido mejorar los procesos de custodia, exhibición, tasación y realización de los bienes. Hemos habilitado un servicio de visitas personalizadas a los inmuebles que se ofrecen a la venta, catálogos con información sobre los bienes y sus condiciones de venta, así como una mayor difusión del sistema de ofertas bajo sobre (oferta previa sin necesidad de concurrencia). También hemos ampliado la publicidad de las subastas no sólo difundiéndolas en diarios de alcance masivo y en los Boletines Oficiales nacional y de la Ciudad sino en las revistas y páginas web del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, del Colegio de Martilleros y la Corporación de Rematadores y a través de la página institucional de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad y de las redes sociales e institucionales. En toda esta tarea de difusión hemos explicitado que no existe obligación ni necesidad alguna de recurrir a intermediarios ni apoderados y que desde el Gobierno se promueve la concurrencia a las subastas. Finalmente, se incorporaron dispositivos de orden y seguridad en el recinto para que las personas puedan concurrir libremente y efectuar sus ofertas. Seguiremos actuando con toda energía y compromiso para desterrar la creencia popular de que para comprar en estas subastas “hay que arreglar con la Liga”.

Los resultados de este esfuerzo conjunto comienzan a verse. Se advierte una mayor confianza y concurrencia de personas a la exhibición de los inmuebles y a la subasta misma en forma totalmente independiente, esto es sin ningún tipo de intermediarios. Esto significa poder obtener mejores precios de venta, lo que sumado a mayor caudal de subastas anuales, han potenciado las metas previstas de recaudación en beneficio de la Educación Pública.

En este primer semestre del 2017 se subastaron más de veinte inmuebles, la gran mayoría de ellos adquiridos por los interesados directos. Ya tenemos programadas nuevas subastas para el próximo día 10 de agosto y también para el mes de septiembre. Seguimos impulsando el trámite de los restantes expedientes judiciales para que con la mayor premura posible puedan llegar a su instancia final.

Gestionar con mayor eficiencia y transparencia es posible, ello merced al trabajo en equipo con las otras dependencias y la silenciosa y esforzada tarea de los profesionales y administrativos responsables del área en la Procuración General.