Octubre 2017

Columnas de opinión del Procurador General

Diálogo federal e institucionalidad

Es un gusto encontrarnos esta mañana abriendo el V Congreso Internacional de Abogacía Pública Local y Federal que organiza la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y que constituye ya una clásica cita de toda la abogacía pública nacional. Agradezco a las muchas autoridades y funcionarios presentes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto del ámbito nacional, como provincial, de la Ciudad Autónoma y de varios municipios de todo el país.

Muy en especial quiero agradecer la presencia de muchos Fiscales de Estado y Asesores Generales de Gobierno de distintas provincias, que son mis pares en dichas jurisdicciones. Con muchos de ellos venimos trabajando juntos en un sentido creciente de relacionamiento, estrechando vínculos y compartiendo valiosas experiencias. Hemos suscripto convenios de colaboración que no son meras formalidades, sino que estamos cumpliendo con todo entusiasmo y compromiso.

Vale también agradecer a los catedráticos y profesores que disertaran en estos días, tanto a quienes ya integran nuestro cuerpo docente como a quienes han venido desde otras provincias y también desde el exterior. No tendríamos esta tan nutrida convocatoria de algo más de dos mil asistentes si no fuera por la calidad de los expositores congregados. Y finalmente resalto y valoro, por cierto, la presencia de todos ustedes, profesionales del derecho, no solo de la Ciudad Autónoma, sino de todo el país. Estamos muy contentos por la concreción de este evento, y quisiera compartir con ustedes cuales son las razones por las que nos parece importante la realización del mismo. No se trata solo de un logro de gestión que apunta al mejor cumplimiento de nuestras tareas propias, sino que además de ello, estamos convencidos que el espíritu que nos anima con esta iniciativa permite dar un paso en la solución de dos grandes deficiencias estructurales en nuestra vida en común.

Nos parece clave, en primer lugar, intentar centrar nuestras reflexiones, en toda la amplia temática que desarrollaremos en el programa, en el valor de la persona humana y de su dignidad y sus derechos. Ello no solo por estar en línea con nuestras más profundas convicciones filosóficas sino también porque se trata desde la gestión pública de dirigir el aparato estatal para resolver los problemas de la gente. Si se ha dicho que el derecho administrativo debe alcanzar ese delicado equilibrio entre las prerrogativas del poder y los derechos personales, queremos enfatizar en la actualidad el carácter servicial que debe distinguir la conducta de la Administración.

Las distintas actividades de capacitación que venimos realizando en la Procuración General desde hace varios años, las diferentes carreras de Estado que impartimos, y la continuidad de eventos como el que hoy inauguramos reafirman también nuestra convicción acerca de que la capacitación del abogado constituye una política de Estado. Se trata de una formación que esté dirigida a la acción, armonizando los contenidos teóricos con la práctica profesional, la academia con la trinchera.

La capacitación permanente es uno de los ocho objetivos ministeriales que hemos definido en la actual gestión de esta Procuración General. El cumplimiento del mismo, está claro, ayuda al mejor logro de todos los restantes. Nos planteamos una visión estratégica para poder definir los asuntos más relevantes desde el punto de vista jurídico en la Ciudad de Buenos Aires; queremos contribuir a reducir la conflictividad y los costos en los casos que la Ciudad es demandada; consideramos que debe ser puesto en crisis el viejo paradigma de que todo conflicto debe ser llevado a tribunales y perseguido hasta la última instancia procesal posible en toda circunstancia.

También nos proponemos aumentar la recaudación en los procesos de cobro de acreencias, por lo que estamos trabajando en un mejor control de los procesos y en la cualificación del cuerpo de mandatarios encargados de esta tarea mediante un nuevo proceso de selección de los mismos a través de un concurso, asegurando así un procedimiento similar al existente para el ingreso de los abogados de la Procuración General de la Ciudad.

Asesoramos y colaboramos con la Administración activa con la emisión de dictámenes procurando aportar legalidad y transparencia a las decisiones gubernamentales.

Trabajamos también para que los sumarios puedan ser resueltos de un modo pronto y ejemplificador. Por otro lado, también nos corresponde asegurar la continuidad de la prestación de servicios jurídicos gratuitos a la comunidad, lo que llevamos a cabo a través del asesoramiento y patrocinio que brinda nuestro servicio a favor de los más débiles y vulnerables. Sobre este último punto estamos próximos a presentar la primera guía de prestadores de servicio jurídico gratuito que brindara una completa información sobre las más de setenta reparticiones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, cuya existencia se desconoce en general, y que colaboran en posibilitar un efectivo acceso a la Justicia a los más indefensos.

Para el mejor logro de todos estos objetivos es que nos hemos planteado también la incorporación de buenas prácticas y la capacitación permanente de todos los integran tes de la Procuración General, procurando jerarquizar al organismo y convertirlo en una institución modelo dentro del ámbito de la abogacía publica.

Como adelantaba al inicio, además de las razones hasta aquí expuestas, con esta iniciativa procuramos dar un paso adelante para enfrentar dos grandes problemas en nuestra vida colectiva que venimos arrastrando hace varias décadas y cuya resolución no podemos soslayar en estos momentos claves de cambio que vive el país, como lo son la necesidad de fortalecer el diálogo federal y reconstruir la institucionalidad.

Necesitamos del diálogo, de escuchar al otro para estar abiertos a incorporar la parte de verdad que ese otro pueda tener. El diálogo supone alteridad, es lo contrario al monólogo. Debemos desenterrar la semilla malsana de la discordia plantada en años anteriores que nos condujo a las crispaciones y la exaltación de los desencuentros y antagonismo. Los gobernantes deben promover la concordia haciendo de la política, como lo enseñaba Platón, el arte del tejedor que siempre busca entrelazar y articular los intereses contrapuestos y divergentes de una sociedad.

El federalismo es parte esencial de nuestra tradición histórica y constitucional, pero debemos también admitir que el mismo se ha visto menguado en un proceso que viene de muchas décadas atrás. El proyecto de un crecimiento vigoroso y sustentable para la Argentina solo podrá alcanzarse con políticas de Estado que posibiliten un desarrollo integral de todas las regiones del país.

El diálogo federal es la receta básica para emprender este camino, como lo estamos haciendo desde nuestro ámbito de la abogacía pública con las distintas provincias y municipios.

Podemos compartir buenas prácticas, información, y diversas iniciativas para la capacitación. Tenemos a nuestro cargo en la ciudad de Buenos Aires la representación en juicio y el asesoramiento sobre la legalidad de los actos, es decir similares temáticas a las de los fiscales de estado y asesores generales de gobierno en muchas provincias.

Por ser la capital de la república y la “ciudad de todos los argentinos” queremos de verdad abrirnos para colaborar con nuestros pares en todo lo necesiten y pueda estar a nuestra disposición. Este es el propósito de los muchos encuentros y visitas mantenidos este año y que deseamos continuar y profundizar.

El otro gran desafío de largo aliento que debemos enfrentar es el de nuestra débil institucionalidad. Se trata, claro está, de una realidad inocultable que hunde sus raíces largamente en el pasado. La anormalidad institucional que vivimos durante más de cincuenta años en la pasada centuria hasta recuperar felizmente la democracia, la anomia que nos caracteriza como sociedad, la viveza criolla mal entendida, la tendencia a la búsqueda de atajos en lugar de soluciones de fondo, la impunidad frente a los actos de corrupción, tales son algunas de las manifestaciones de esta realidad.

Para recuperar el país que queremos tenemos que elevar nuestro nivel de institucionalidad, con reglas de juego claras, razonables y previsibles que deban ser cumplidas y con sanciones efectivas para quienes se aparten de ellas. Solo así generaremos la confianza necesaria para que lleguen nuevas inversiones, tengamos más y mejores trabajos y poda mos sacar al tercio de nuestra sociedad del flagelo de la pobreza. En este sentido quiero remarcar el rol clave que jugamos los abogados del sector público en esta materia.

Las decisiones políticas pasan por una etapa de juridización. Toda decisión política se transforma luego en una norma. La razonabilidad en el dictado de la reglamentación, la inteligente interpretación de las normas, el criterioso examen de la legalidad y el prudente y oportuno asesoramiento son todas tareas que forman parte de la actividad administrativa y que se encuentran a cargo de los abogados. Ellas exigen no solo el empeño diario de su realización sino también una continúa exigencia de formación y capacitación para cumplir de mejor modo este delicado rol.

A los abogados integrantes del sector público les toca pues esta misión que es mucho más que asesorar y representar en juicio el interés estatal. Se trata de defender las instituciones y con ello mantener encendida la luz que posibilita una mayor transparencia, que es una actitud y una vocación antes que una exigencia normativa. La ejemplaridad que todos reclamamos como patrón de conducta debe comenzar por la actuación de quienes cumplen funciones de gobierno.

Todos sin excepción debemos empeñarnos diariamente en fortalecer los valores del diálogo federal y la institucionalidad que son el camino seguro para seguir trabajando juntos en la construcción del país que soñamos.

Muchas gracias