Marzo 2019

Columnas de opinión del Procurador General

Cuando consultar al pueblo es saludable

Como lo enseña la teoría política, el sistema democrático de gobierno puede adoptar tres formas diversas. La primera es la directa cuyo ejemplo más elocuente se reflejó en la Grecia clásica cuando los ciudadanos tomaban decisiones en las asambleas. La segunda y más extendida es la denominada democracia indirecta, donde el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes (artículo 22 de la Constitución Nacional); periódicamente tenemos elecciones presidenciales y legislativas en las que elegimos a quienes gobiernan en nombre del pueblo. Finalmente, los sistemas representativos pueden incluir ciertos mecanismos de participación popular en la adopción de determinadas decisiones trascendentes, tales como la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, la revocatoria o la consulta popular, entre otros. Ellos son reconocidos como formas semidirectas de democracia.

Así, desde 1994 nuestra Constitución prevé en su artículo 40 que un proyecto de ley puede ser sometido a una consulta popular, cuyo resultado puede ser vinculante (la votación es obligatoria y el resultado afirmativo lo convierte automáticamente en ley) o no, en cuyo caso el voto no es obligatorio y el resultado no excluye la posterior decisión legislativa.

En los últimos doce meses hemos asistido a un debate sobre dos iniciativas para cuya dilucidación entiendo sería saludable - se trata de una opinión a título exclusivamente personal- apelar al mecanismo de la consulta popular. Nos referimos al proyecto de despenalización y legalización del aborto y la adopción de un régimen de extinción de dominio.

Como todos sabemos, el proyecto de ley para legalizar el aborto tuvo el año pasado una aprobación muy ajustada en la Cámara de Diputados pero fue finalmente rechazado por el Senado. Dado que la integración del Congreso se mantendrá igual durante este período, es probable que recién en el año 2020 recobre impulso un nuevo tratamiento de la cuestión.

Dada la índole y la especial sensibilidad del tema, la riqueza del debate que vivimos el año pasado en ambas Cámaras y en toda la sociedad, y que las diversas posturas cruzan transversalmente a las principales agrupaciones y alianzas políticas, resultaría valioso y justificado si el tema reaparece permitir que la ciudadanía pueda expresar su opinión al respecto.

Por el otro lado, desde hace un par de años el Congreso viene discutiendo un proyecto de ley de extinción de dominio, que permitiría que los bienes que provienen de actos de corrupción pudieran ser recuperados por el Estado para ser aplicados a las finalidades de bien común, ello con la mayor celeridad posible y sin menoscabo de los derechos y garantías constitucionales básicas.

Los resonantes casos de corrupción que se han ventilado públicamente y las variadas causas judiciales que tramitan, han generado un enorme impacto en la ciudadanía. Frente a ello, y dadas las demoras del debate legislativo, el Poder Ejecutivo dictó recientemente el Decreto 62/2019 de necesidad y urgencia que establece un régimen para recuperar bienes que habían sido adquiridos de modo ilícito sin necesidad que se agote el proceso penal. Dicha norma se encuentra actualmente a consideración del Congreso que debe decidir sobre su aceptación o rechazo, con un final todavía abierto.

Por cierto compartimos la loable intención gubernamental de contar ya con esta herramienta para recuperar los bienes adquiridos en los últimos años por actos de corrupción, pero no se nos escapa que el dictado de esta norma de excepción puede también generar dudas sobre su validez constitucional. Está claro que consultar en forma directa al pueblo sobre el tema no aportará per se una solución a la discusión jurídica, pero sí servirá para que la ciudadanía pueda hacer oir su voz sobre la urgencia y gravedad que adjudica a la cuestión. Si hace mas de 35 años toda la sociedad dijo “Nunca Más” a la violencia permitiendo la reconstrucción de una democracia sólida y estable, hoy creemos sería también necesario permitir que el pueblo pueda expresarse sobre un “Nunca Más” a la corrupción, uno de los flagelos mas graves que ha azotado nuestra vida política y social.

No pretendemos excluir ni soslayar la responsabilidad final de los representantes elegidos por el pueblo en estas cuestiones. Pero en determinadas circunstancias no viene mal recordar que, al final del día, el verdadero soberano es el pueblo.