La cárcel de Caseros fue inaugurada durante la última dictadura militar, el 23 de abril de 1979, de la mano del presidente de facto, Jorge Rafael Videla. Fue la cárcel más grande de Latinoamérica, con 85 mil metros cuadrados cubiertos, dos torres de 22 pisos y dos subsuelos.
Teniendo como modelo la cárcel de Alcatraz, en los Estados Unidos, Caseros tuvo el rol de prisión para los presos políticos que, por su visibilidad social, el Proceso de Reorganización Nacional no podía hacer desaparecer.
La obra se había iniciado en 1960, durante la presidencia de Arturo Frondizi. Tres años después, la obra se paralizó por una advertencia del Servicio Penitenciario Federal, que consideró que el edificio era inviable e inhumano. El edificio estuvo abandonado hasta 1969, cuando Juan Carlos Onganía ordenó retomar las obras.
La demolición de la Cárcel de Caseros se inscribe no sólo en una idea de recuperación del espacio público para la ciudadanía. Es también una forma de indicar el camino a seguir en materia de Justicia y Derechos Humanos.
Crónica de una demolición
En 2002, el Gobierno de la Ciudad, a través del Convenio Nº 54/02, encomendó al Ejército Argentino la demolición mecánica de dos subsuelos y dos plantas superiores del edificio principal y de los mismos niveles del edificio perimetral, así como la remoción de los escombros.
Durante la ejecución, se detectó la presencia de asbesto en cañerías, conductos y calderas, por lo que se designó al Ejército para su remoción. Un vez concluidos los trabajos de demolición mecánica del citado convenio, se estipuló conveniente la implosión del resto del edificio, suscribiéndose el Convenio Nº 56/03 con el Ejercito Argentino, a tales efectos.
En noviembre de 2004 una medida cautelar dictada por la Justicia frenó la implosión de la cárcel, debido al relevante impacto ambiental que generaría la implosión prevista. Para esta fecha el edificio ya se encontraba debilitado estructuralmente para su inminente demolición por implosión, por lo cual, en febrero de 2005 el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), Asesor Técnico de la obra), recomendó realizar tareas preventivas.
A mediados de 2005, la ex Secretaría de Infraestructura y Planeamiento autorizó la ejecución de las obras en el marco del Plan de Prevención planteado por el CAI bajo la metodología de demolición mecánica, por la que se erradicaron dos de los pisos superiores y los dos tanques de agua.
De esta manera, de los 22 pisos que tenía la cárcel, hoy tiene 18.
El cronograma de trabajo acordado con el Ejército estipula lo siguiente:
Debe aclararse que, los nueve centros de salud ubicados en el entorno inmediato del edificio, fueron informados acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Ciudad dentro del Programa de Control Sanitario, así como de los resultados de los monitoreos de calidad de aire realizados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), monitoreos que arrojaron valores muy por debajo de los limites admisibles. Recientemente los Centros de Salud así como el Ministerio de Salud han prestado su conformidad para la continuación de las obras de demolición mecánica. De esta manera, los problemas que pueda implicar la demolición, tales como la generación de ruido y polvo, no traerán consigo riesgo alguno, puesto que están siendo minimizados.
La obra
El proyecto tiene por finalidad ejecutar las tareas necesarias para la demolición total del Edificio de la Ex Cárcel Caseros , optimizar la factibilidad de desarrollo urbano, eliminar instalaciones que se han tornado incompatibles con el devenir de su entorno, posibilitar el desarrollo barrial y mejorar las condiciones ambientales.
La demolición se ejecutará en forma mecánica y sobre todo el conjunto estructural al mismo tiempo (demolición por planta) desde el Piso 20 hasta el segundo subsuelo, incluyendo el relleno y nivelación del terreno.
Una vez realizada la demolición mecánica, cuya duración se estima en doce meses, se prevé la construcción de obras que tiendan a reintegrar socialmente el predio al barrio de Parque Patricios.
De esta forma, se acordó con el Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE), para la utilización de los espacios que ocupaban las dos cárceles y poner en marcha las siguientes obras:
Cabe destacar que, junto con la implementación de estas obras, la próxima llegada de la línea H de subtes sumará un impulso decisivo en el desarrollo social y económico de la zona.
La obra presenta un estado de avance de 30%.