La proclamación de la autonomía porteña en 1994 otorgó a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de darse sus propias leyes, juzgarse por sus propios jueces y administrar sus recursos, atribuciones de las que ya gozaban todos los ciudadanos de las demás jurisdicciones del país. Sin embargo, y debido a su condición de Capital Federal de la República, el constituyente consideró necesario limitar el alcance de la autonomía porteña plasmada en el artículo 129 de la Constitución Nacional. Surgió así la Ley 24.588, por medio de la cual la Nación “conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al gobierno autónomo de la Ciudad”. Este cercenamiento concreto de la autonomía de la Ciudad inició un largo historial de contradicciones entre la norma constitucional, el contenido de la legislación nacional y el naciente “corpus” constitucional y legislativo de la Ciudad. Desde entonces, son importantísimos los pasos dados por la Ciudad de Buenos Aires en el proceso gradual autonómico. Todavía resta que la Ciudad siga avanzando y asuma plenamente todas sus atribuciones pendientes, a través de los correspondientes traspasos de la Nación, con la necesaria transferencia de fondos que acompañen dicho proceso.