En 1822, el entonces Ministro Bernardino Rivadavia sanciona un decreto mediante el cual envía “al otro lado del Riachuelo” a los saladeros, las fábricas de vela y los depósitos de cuero por los olores que emitían. Esta norma fue producto de la preocupación por la contaminación del aire y no del agua, ya que estos establecimientos arrojaban sus desperdicios al “Río Barracas”.