¿Qué es la trata de personas?

Es la explotación de seres humanos con el objetivo de obtener una ganancia. Este delito está considerado como una grave violación a los derechos humanos que afecta severamente la dignidad, integridad y libertad de las personas.

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La trata consiste en la captación, traslado, recepción y explotación de una persona con fines sexuales, laborales, y/o de tráfico de órganos, tanto en el territorio nacional, como desde o hacia otros países.

Para este fin, las redes de trata hacen uso de la fuerza u otras formas de coacción como violencia, amenazas, engaños, abuso de poder o secuestro.

La trata tiene como fin la explotación. Esta puede darse a través de:

 

  • La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual

     

  • Los trabajos o servicios forzados

     

  • La esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud

     

  • La servidumbre y/o la extracción de órganos

     

  • El matrimonio forzado
    Según la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Internacional para las Migraciones, 40.3 millones de personas son sometidas a este tipo de esclavitud en todo el mundo.

    Leyes que penan el delito de trata y protegen los derechos de las víctimas

    La explotación de personas es un delito que se lleva adelante desde hace siglos. Sin embargo, el marco jurídico global con el que actualmente contamos comenzó a elaborarse recién a mediados del siglo XX.

    La República Argentina fue pionera al sancionar la Ley 9.143 contra la denominada “trata de blancas” y contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en 1913. Si bien se enfocaba en la penalización de la explotación sexual, fue la primera norma legal del mundo en hacerlo.

    La referencia fundamental a nivel internacional es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños firmada en el año 2000 y ratificada nacionalmente durante el 2002.

    Este Protocolo obliga a la Argentina y a los otros países que han adherido a él a prevenir y combatir la trata de personas y a proteger y ayudar a las víctimas respetando plenamente sus derechos humanos; y teniendo especial atención hacia las mujeres, las niñas y los niños por su condición de vulnerabilidad.

    En 2008 se promulgó en nuestro país la Ley N° 26.364 que incorporó el delito de trata al Código Penal de la Nación y estableció un amplio catálogo de derechos para las víctimas. Esta ley se modificó en 2012 tras la sanción de la norma N° 26.842, que entre otras cambios:

     

  • Aumentó las penas a los y las tratantes.

     

  • Eliminó el consentimiento de la víctima mayor de edad; es decir que el delito se condena aunque la persona indique que consentía la situación.

     

  • Creó dos organismos para la elaboración y supervisión de políticas públicas: el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas, y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y Protección a las Víctimas.
    Por su parte la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Ley N° 2.781, constituyó el Área de Asistencia Integral a Personas Víctimas de Trata, que ofrece atención y asistencia, y las acompaña en su proceso de reinserción social como sujetos de derechos

    Asimismo, a través del Decreto N° 130/10 del Jefe de Gobierno se creó el Comité de Lucha contra la Trata de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.