Mayo 2018

Columnas de opinión del Procurador General

Un nuevo nombre, el mismo rumbo

Hace pocos días tuvimos una jornada académica en la Legislatura porteña en la que presentamos nuestra Escuela de Formación en Abogacía Pública. Es el nuevo nombre con el que hemos denominado a la anterior Dirección General de Información Jurídica y Extensión que tiene a su cargo el diseño y realización de todas las actividades académicas y de capacitación que llevamos a cabo en la Procuración General.

En rigor, desde hace mucho tiempo en esta Casa se han realizado actividades de capacitación, aunque fue a partir del año 2012 que las mismas tuvieron un singular impulso y desarrollo. En esta gestión hemos procurado continuar en la línea precedente con la pretensión de que la formación, capacitación y actualización de los conocimientos que debemos tener como abogados se conviertan en una verdadera política de Estado. Esta nueva denominación refleja mejor aquello que hacemos y que queremos ser. Se me ocurre que una breve reflexión sobre las cuatro palabras que componen su nombre permite reflejar más acabadamente nuestro propósito.

El término Escuela en el diccionario nos lleva a la idea de un establecimiento o institución donde se imparte cierta instrucción. Para los griegos, la escuela era el ámbito donde los ciudadanos se formaban y se cultivaban; un lugar donde se humanizaba. Receptamos esta idea, aspiramos recrear un espacio de preparación personal, de cultivo del espíritu y del conocimiento; un sitio diferente que nos sustraiga en algún punto de las obligaciones laborales y del diario trajín.

Si hablamos de Formación, referido al ámbito académico y profesional, pensamos en el proceso de enseñanza que se lleva a lo largo de toda la vida y que está enfocado al aprendizaje y el desarrollo de nuevas competencias pero también a la actualización de conocimientos ya adquiridos. El avance científico, el desarrollo de las comunicaciones, la revolución tecnológica y el progreso del conocimiento nos conducen a admitir que sin una adecuada y permanente capacitación, corremos el riesgo de estancarnos en nuestra vida profesional.

Este proceso de aprendizaje permanente se refiere al ejercicio de la Abogacía. Sabemos que este título académico de grado tan solo acredita poseer algunos conocimientos sobre el Derecho, pero la abogacía es un arte que se termina aprendiendo en nuestra actividad profesional, en la interrelación con colegas de mayor experiencia de los cuales podemos aprender. La necesaria formación que requiere un abogado adquiere un relieve especial por la trascendente misión que este tiene, que no consiste solo en la defensa de los intereses de sus clientes sino en su actuación como auxiliar de la Justicia y constructor de la paz social.

Y finalmente se trata de la esfera Pública, pues nos referimos a los abogados que actúan dentro de un determinado ámbito, que es la administración publica, en procurar la satisfacción del interés general, en la gestión estatal como principal gerente del bien común a través de sus distintos órganos y reparticiones.

Como lo hemos señalado muchas veces, anhelamos con ahínco que estos esfuerzos se dediquen no tan solo a los abogados porteños, sino también a todos aquellos que se desempeñan en otras jurisdicciones y muy especialmente a quienes trabajan en las diferentes provincias y municipios de todo el país. Nos anima un sentido muy abierto y federal para compartir y abrir los ámbitos de esta Escuela para trabajar conjuntamente con los abogados del sector público de todo el país en nuestra continua capacitación.

Confío en que esta Escuela de Formación en Abogacía Publica sirva para la capacitación académica y profesional y para el crecimiento personal de cada uno de quienes participan de la misma. Y que al mismo tiempo contribuya al mejor desempeño de los abogados para una más sólida defensa de la legalidad, la institucionalidad y la transparencia.