Abril 2018

Columnas de opinión del Procurador General

Al aguardo de una respuesta de la justicia

Desde hace algo más de dos años la sociedad decidió un cambio de Gobierno y ello generó la esperanza de que el país comenzaría a mejorar en todos los frentes.

Sabemos que los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo provienen de la periódica voluntad popular y que por el contrario quienes forman parte del Poder Judicial poseen constitucionalmente una lógica distinta en su composición y rotación. No obstante ello, es debido reconocer que la sociedad tiene como conjunto sus anhelos y expectativas, y las instituciones deben procurar estar en línea con ellas cuando resultan valiosas.

Estamos convencidos –vale reiterarlo una vez más- de la probidad y esforzado trabajo que la mayoría significativa de jueces y funcionarios que integran el Poder Judicial realizan diariamente en forma silenciosa. Pero también es verdad que en muchos procesos judiciales, en general de gran repercusión pública, los trámites se dilatan sin explicación justificada. También a veces parece prevalecer la postura que se niega a considerar la posibilidad de introducir los cambios que se demandan para mejorar la eficiencia de la gestión judicial.

La cuestión no es nueva pero en el inicio de este 2018 volvió a ponerse sobre el tapete. Para el encuentro de apertura del año judicial la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha llevado adelante un proceso de debate y de reflexión entre los propios magistrados para definir propuestas que mejoren el funcionamiento de los tribunales.

Por otro lado, algunas resoluciones judiciales vinculadas a causas de corrupción y enriquecimiento ilícito generaron un fuerte rechazo en la opinión pública que exige avances en los procesos y la más pronta culminación de los mismos con decisiones que contribuyan al valor de la ejemplaridad.

La semana pasada la ciudadanía se concentró en la puerta de los tribunales para manifestar su descontento con el estado de situación del tema. Los resultados producidos en la investigación judicial del Lava Jato en Brasil no hacen sino profundizar el reproche y la sensación de insatisfacción ciudadana.

La también muy reciente difusión de los primeros resultados de la auditoria ordenada por el Consejo de la Magistratura sobre el funcionamiento de la Justicia Federal en los últimos veinte años muestran que casi el 90% de las causas abiertas sobre corrupción no llegan a tener si quiera un procesamiento.

Está claro que el problema no es nuevo y que está lejos de poseer recetas mágicas y unidireccionales para encontrar una plausible solución. Sin embargo, debemos resaltar que no habrá una mejora efectiva sin la decisión protagónica de todos los funcionarios judiciales –que debe ser mayor cuanto más alto sea el cargo que se ocupe- que estén dispuestos a adoptar decisiones inspirados en un recto sentido de la justicia y no en las consideraciones que puedan surgir de la interpretación de los tiempos políticos.

Se ha dicho reiteradas veces que no hay República sin un Poder Judicial independiente y eficaz. Por esto, frente a la demanda de cambios y mejoras en el funcionamiento de la Justicia, esperamos una respuesta positiva que incluya la necesaria autocrítica y también la colaboración de los restantes poderes estatales.