Asimismo, también se aprobó la ley que permite la creación de la Sociedad de Estado Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA S.E.). Esta nueva Sociedad de Estado será la autoridad regulatoria y de aplicación sobre las operaciones del Hipódromo de la Ciudad de Buenos Aires, las dos salas de Casinos de Buenos Aires instaladas en los buques y la red de 1.200 agencias durante el período de transición que se extenderá hasta que se agoten los derechos otorgados por la jurisdicción federal a los operadores transferidos.
Tras esta ratificación legislativa, un Comité Ejecutivo (integrado por Lotería Nacional y el Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA y posteriormente LOTBA) coordinará y ejecutará todas las acciones necesarias para efectivizar el traspaso según el Cronograma aprobado por la Comisión de Enlace creada por el Decreto PEN 743/2016.
El Convenio de Transferencia también considera la distribución de los fondos correspondientes al año 2016 así como el traspaso del personal de Lotería Nacional S.E. en las mismas condiciones laborales y manteniendo el escalafón y la antigüedad.
Gracias al proceso de regularización ejecutado a lo largo de este año por las nuevas autoridades de Lotería Nacional S.E. el juego será transferido en forma ordenada y la CABA profundizará las fiscalización y el monitoreo de la actividad.
Cabe destacar que el reconocimiento de la competencia exclusiva de la CABA en la materia por parte de la Nación fue una promesa del actual Presidente.
Por su parte el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratifica su compromiso con el control de la actividad y con la reducción de los daños sociales que la falta de fiscalización y regulación habían provocado.
En tal sentido fue que oportunamente, en mayo de 2016, fueron cerrados los cinco bingos que con las concesiones vencidas y sin pagar canon funcionaban en territorio porteño al amparo de las autoridades de Lotería Nacional del Gobierno anterior.
Y que desde mayo de 2016 los operadores de juego comenzaron a pagar Ingreso Brutos por primera vez en la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reconocieron la deuda existente por tal concepto desde 2003, acogiéndose a la moratoria dispuesta por la ley 5616 para cancelarla.
