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La Ciudad apelará el fallo de la jueza Myriam de Estrada

“Hay que cumplir con lo que pide la Corte Suprema”, advirtió la Vicejefa María Eugenia Vidal.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apelará el fallo dictado por la jueza civil Myriam Rustán de Estrada que impidió concretar hoy la intervención para interrumpir el embarazo de una mujer en el Hospìtal Ramos Mejía, anunció María Eugenia Vidal.

“El Jefe de Gobierno y quienes lo acompañamos en su equipo hemos pedido al procurador general, Julio Conte Grand, que lleve adelante el pedido de apelación de esta resolución, que, claramente, viola lo que ha definido la Corte en un fallo que se ajusta a este caso en particular”, señaló.

Vidal se pronunció en esos términos en una rueda de prensa que ofreció en la sede del palacio comunal, acompañada por el procurador.

“No estamos de acuerdo con el fallo de la jueza Myriam de Estrada porque aquí no se trata de qué posición tiene el Jefe de Gobierno y su equipo o los legisladores del oficialismo o de la oposición. Aquí no hay una discusión sobre aborto sí o aborto no. Aquí hay un fallo de la Corte y es nuestra responsabilidad cumplir con lo que pide ese fallo”, agregó.

“Por eso pusimos en vigencia el protocolo por parte del Ministerio de Salud y es en virtud de ese protocolo que se iba a realizar la intervención en el día de hoy”, concluyó.

“Esperamos que la Justicia actúe con la mayor celeridad posible para darle curso a esta apelación y que resuelva cuanto antes. Mientras tanto, desde todas las áreas del Gobierno vamos a seguir acompañando a la paciente”, explicó sobre este caso.

Al responder a preguntas de la prensa, Vidal señaló que “el Jefe de Gobierno no violó la confidencialidad sobre la paciente” y recordó que Mauricio Macri “fue muy general en su afirmación; dijo que se iba a realizar un aborto de acuerdo a los requisitos legales que están vigentes, no habló de que paciente se trataba, no nombró el hospital, ni cuáles eran las características del caso”.

Apuntó también que la presentación de amparos como el que fue impulsado por una organización de la sociedad civil en la Ciudad “es un modus operandi que vemos que se está dando en varias jurisdicciones del país” para intentar frenar los alcances del fallo de la Corte.

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