Bajo el sistema de trabajo remoto establecido para todos los agentes de gobierno y utilizando el sistema de expedientes electrónicos, el organismo pudo reaccionar rápidamente y seguir cumpliendo con sus funciones en su totalidad.
La reasignación de recursos humanos y materiales de la estructura de gobierno hacia el sistema de salud pública y la lucha contra la expansión del COVID-19 ha generado algunas dificultades operativas para los sujetos obligados. Nuestro enfoque—teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias y de emergencia—ha sido acompañar a los sujetos obligados para que puedan cumplir con sus obligaciones vinculadas a la información pública y garantizar el derecho del AIP de los ciudadanos.
En la instancia crítica que estamos atravesando, el equipo del organismo se ha puesto también a disposición de las necesidades operativas que surgieron de las políticas púbicas en la lucha contra la expansión del COVID-19, por ejemplo, ayudando en informar a la comunidad sobre todos los programas implementados en relación a la pandemia. También ha participado de programas dirigidos desde la Secretaría de Transformación Cultural de Jefatura de Gabinete de Ministros del GCBA para brindar información específica sobre COVID-19, en especial a adultos mayores, población de riesgo más afectada por el virus a nivel mundial.
En nuestro caso, y para seguir respondiendo a todas nuestras funciones conforme lo establecido por la Ley 104, se trabaja sin suspensión de plazos a fin de garantizar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información (DAIP) a todas las personas. Desde la implementación de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), el organismo ha tramitado un total de 16 reclamos. Asimismo, estamos trabajando en el Informe Anual de Gestión y Evaluación 2019-2010 del OGDAI que presentaremos en breve, en la reestructuración de todo el archivo documental interno del OGDAI, y participando de foros virtuales y actividades organizados desde la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA), la Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC) y la UNESCO.
Entendemos que, en estos momentos, la garantía del DAIP se vuelve incluso más central y necesaria a fin de dar a conocer y hacer accesible la actuación de la Administración en el marco de la emergencia, para evitar así arbitrariedades, desvíos o imprudencias en la toma de decisiones públicas.
