Procedimiento de actuación ante la sospecha fundada o detección de armas en el ámbito educativo
El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaboró un protocolo específico para actuar frente a la detección o sospecha de armas en las escuelas. El objetivo principal es resguardar la integridad de estudiantes, docentes, familias y personal, y garantizar intervenciones institucionales cuidadosas, coordinadas y seguras.
Este procedimiento establece pautas claras de actuación frente a situaciones que involucren armas de fuego, armas blancas o armas impropias dentro del ámbito educativo, ya sea en escuelas de gestión estatal como privada. Define criterios de detección y sospecha, acciones inmediatas que deben tomar los equipos de conducción, y los pasos a seguir en articulación con las fuerzas de seguridad, familias y organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
A través de este protocolo, la Ciudad busca fortalecer el cuidado colectivo, reducir riesgos y promover un abordaje integral que contemple la seguridad física y psicosocial de toda la comunidad educativa.
Preguntas frecuentes
Se considera sospecha fundada toda denuncia verbal, escrita o digital que dé cuenta de la posible presencia o uso de un arma en la escuela. Debe estar basada en hechos o indicios concretos y verificables.
El equipo directivo debe preservar la seguridad de la comunidad evitando el pánico, no intervenir físicamente ni intentar quitar el arma, y separar preventivamente a la persona involucrada si es posible. Ante armas de fuego, siempre se debe llamar al 911.
Se lo debe resguardar en un ámbito cuidado, dar aviso inmediato a sus responsables adultos y, en caso necesario, convocar al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA). Nunca se debe requisar sus pertenencias sin la presencia de un adulto responsable o de las fuerzas de seguridad.
El protocolo establece que cada institución debe diferenciar entre el uso legítimo de estos elementos con fines educativos y aquellos casos que representen un riesgo. La evaluación debe hacerse en el marco de los acuerdos institucionales de convivencia.
Las familias deben ser informadas de lo ocurrido, resguardando la identidad del estudiante involucrado. Se espera que acompañen, orienten y supervisen la conducta de los chicos, trabajando junto a la escuela para reforzar el cuidado y la resolución pacífica de los conflictos.