La justicia apartó al juez Roberto Gallardo de la causa "Casa Amarilla", al hacer lugar a un pedido de recusación presentado por la Procuración General porteña por violar el derecho a la defensa del Gobierno de la Ciudad, cuando adelantó su opinión sobre el fondo de la cuestión, en una instancia sumarísima.

El Procurador General, Pablo Tonelli, señaló que "el juez Gallardo debe entender que su función es administrar justicia y no gobernar. Para esto último debería presentarse como candidato y ganar una elección".

El fallo fue dictado por los jueces Nélida Mabel Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo Angel Russo, de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

Entre otras cosas, el fallo destaca que "prejuzgar es anticipar el resultado del proceso mediante la emisión de opiniones respecto de cuestiones pendientes y futuras que aún no se hallan en estado de ser resueltas".

Agrega que "la causal invocada (por la Procuración) se configura en el caso, atento a que el juez, con anticipación al momento procesal adecuado, expresó su parecer en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso".

Con respecto al recurso de amparo, a pesar de tratarse de una acción sumarísima, el Tribunal entendió que no es posible "privar de audiencia, de debido proceso, de un mínimo de oportunidad defensiva, a quien se atribuye la lesión constitucional".

Antecedentes del fallo

La Asociación Civil Casa Amarilla había promovido una acción de amparo por mora, con el objetivo de que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires suscribiese contratos de obra y adjudicase 1231 viviendas sociales.

Junto con la petición mencionada solicitó, a modo de medida de no innovar, el embargo de 14.273.426 pesos del presupuesto anual del IVC, hasta tanto se resuelva la acción de fondo.

Gallardo hizo lugar a la medida cautelar y ordenó el embargo de los fondos peticionados. Además, el juez ordenó al IVC la inmediata reactivación de los expedientes administrativos involucrados en la causa, y la emisión y presentación de un informe semanal sobre su evolución, bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria de 2.000 pesos al presidente del instituto, Roberto Apelbaum, en caso de demora.