El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgó permisos provisorios por un año a cinco empresas dedicadas a la comercialización de publicidad en la vía pública. Tras un acuerdo, accedieron a pagar un canon de ocho millones de pesos anuales por la concesión de los servicios, contra los 400 mil que venían abonando desde que caducaron sus contratos, hace más de seis años, entre 1996 y 2001.

En una de sus primeras medidas de Gobierno, los funcionarios porteños mantuvieron una serie de reuniones con las empresas prestatarias y lograron un incremento para las arcas de la Ciudad de $ 7.600.000 anual, es decir, 20 veces más que lo que estaba recibiendo.

La administración porteña formalizó esa resolución a través de un decreto que lleva la firma del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y de los ministros de Espacio Público y Medio Ambiente, Juan Pablo Piccardo, y de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera.

"Es una lástima que la Ciudad no se haya sentado a renegociar en todos estos años los contratos que estaban vencidos ya que significa un importante ingreso. Las empresas accedieron a pagar esos 8 millones de canon por el período de un año y, a partir del 2009, la cartelería será de uso de aquellas que hayan ganado la licitación", indicó Piccardo.

En los considerandos de la medida, el gobierno porteño subraya que los contratos de concesión para propaganda comercial en la vía pública "se encuentran al día de la fecha vencidos".

Recuerda también que por una ley sancionada por la Legislatura se aprobó "el llamado a licitación para la fabricación, instalación, mantenimiento, y conservación de los elementos del mobiliario urbano" que se emplazan en el espacio público para su explotación publicitaria.

Agrega que actualmente ese proceso licitatorio todavía está en trámite, por lo que se resolvió conceder una prórroga provisoria a las empresas bajo la figura de "permisos de uso precario" con el fin de asegurar el mantenimiento de esos bienes en uso y evitar así "un dispendio de recursos propios".

En el decreto se advierte que "la vacancia en las instalaciones podría dar lugar a un uso gratuito e indiscriminado- por parte de terceros- de propaganda comercial sin contraprestación alguna y sin alterar la obligación de este Gobierno de hacerse cargo por sí de su manutención y reparación".

Además, se deja constancia de que la resolución adoptada "no implica la renuncia a otras acciones que el Gobierno pudiera disponer por los perjuicios económicos derivados de la suscripción de acuerdos anteriores y, en particular, la percepción de las sumas que se adeudaran en concepto de canon".