Es un acuerdo entre el sector público y privado que, bajo diferentes modalidades contractuales, permite compartir y transferir los riesgos de un proyecto, en una relación de largo plazo.
El objeto del contrato comprende el diseño, la construcción, el mantenimiento y la financiación de infraestructura para la prestación de servicios públicos.
El Estado conserva la prestación de los servicios públicos y el control de los estándares de calidad del mantenimiento de la infraestructura.