El objetivo del proyecto busca “afrontar eficazmente la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la justicia local, teniendo en cuenta que ambos campos jurídicos, el material y el formal, limitan inmediatamente y sin fisuras el uno con el otro: no hay un derecho penal sin proceso penal” y busca adaptar el Código “a una nueva realidad jurídico penal”.
Najenson explicó que se trata “de un proyecto que tiene mucho trabajo invertido, es una modificación que involucra a varios aspectos” y destacó que en la elaboración de la norma “han participado jueces, funcionarios, trabajadores judiciales".
Tras la transferencia de competencias, la Ciudad sumó 24 nuevos delitos por lo que “todo esto necesita de un nuevo Código que se aggiorne, que tome en cuenta a las nuevas tecnologías”. En ese sentido, el funcionario explicó que la normativa se centrará en cinco ejes: “agilización”, “modernización”, “protección a la víctima”, “nuevos plazos en el proceso” y “mejores herramientas”.
“modificamos los plazos acelerándolos pero dándole al juez el tiempo suficiente para poder hacer su investigación(Najenson)”
“Queremos que la víctima no tenga que revivir todo lo que sucedió durante un tiempo prolongado, por eso es que queremos agilizar los actos procesales”, afirmó y destacó que la modernización del Código “asume a la tecnología como parte de la Justicia, por eso queremos usar medios digitales e incorporar las videoconferencias para testigos que se encuentren a más de 50 kilómetros de distancia”.
En lo que respecta a la actualización del proceso, Najenson precisó que “modificamos los plazos acelerándolos pero dándole al juez el tiempo suficiente para poder hacer su investigación”.
Grandes modificaciones
Es preciso señalar que son varias las modificaciones que el Gobierno porteño busca realizarle a la medida; sin embargo entre las más destacadas se encuentran: “incorporar los principios del proceso penal que tienden a robustecer la oralidad y el sistema de audiencias para la resolución de los conflictos de los casos judiciales”, “se alude al concepto de vidima, precisándose los alcances de la facultad de querellar cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido, o cuando éste se encuentre materialmente impedido para hacerlo” y “se prevee la unificación de querellas y su trámite”.
Asimismo, se busca agilizar “el trámite por el cual la Cámara de Apelaciones resuelve las recusaciones de los jueces de primera instancia”, se “contempla la posibilidad de utilizar medios tecnológicos para la protección de las víctimas y testigos”, “se incorpora, para el caso de Investigaciones de delitos ocurridos en el contexto de violencia contra la mujer, especiales medidas restrictivas”, entre otras cuestiones.
De la reunión realizada en la sala Arturo Jauretche del palacio legislativo que fue presidida por el titular de la Comisión de Justicia, diputado Daniel Presti participaron sus pares Natalia Fidel, Diego Marías, Ariel Álvarez Palma (VJ), Leandro Halperín (Evolución), Marcelo Depierro (MC) y Sergio Abrevaya (Gen).
