El Gobierno de la Ciudad y el Colegio Público de Escribanos firmaron un convenio de colaboración para la Regularización Urbana y Dominial (RUD) de Barrios Populares.
Se acordó un costo de $3.000 más IVA de honorarios por cada escritura más gastos dentro del primer año, monto que será actualizado cada año. Para facilitar el cobro de gastos y honorarios, el Colegio adelantará los mismos a los escribanos y la Ciudad se los reintegrará.
El Colegio tendrá a su cargo la confección de los modelos de escrituras que serán utilizados
Los barrios populares incluidos en el convenio son nueve:
Barrio Rodrigo Bueno
Barrio 20
Barrio Los Piletones
Barrio Lamadrid
Barrio 59 viviendas
Barrio Padre Carlos Mugica (Barrio 31 y Barrio 31 bis)
Barrio 21-24
Barrio Fraga
Barrio 15
En el documento el Colegio se compromete a integrar una nómina de escribanos para este proyecto social de reurbanización quienes serán designados como integrantes de la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad. Esa lista podrá ser modificada por Colegio cada tres meses para lograr una redistribución del trabajo que se genere a raíz del convenio.
Además determinará costos diferenciales para las escrituras de barrios populares, en conceptos como Derecho de escritura, aporte notarial, Sellos, Matriz y Testimonio, foja elaborada, liquidaciones y liberaciones, inscripción al Registro de la Propiedad Inmueble, diligenciamiento de certificados, derecho de escritura adicional y aporte fijo a Colegio.
La Ciudad se compromete a obtener y entregar al Colegio la documentación completa de las partes intervinientes, los planos aprobados, la identificación de la unidad, lote o parcela, que le corresponde a cada parte, tanto en el plano como su identificación de campo.
También propondrá las modificaciones normativas que resulten necesarias para la exención del impuesto de sellos para estas escrituras; la excepción a la obligación legal por parte de los escribanos a solicitar y confeccionar los certificados F1 y F3 de deuda municipal y de cambio de titularidad; así como se compromete a lograr la reducción de los costos registrales, tanto de inscripción como en lo que a costo de expedición de certificados de dominio e inhibiciones.
El convenio tendrá una vigencia de dos años, prorrogable automáticamente por igual período, salvo que alguna de las partes comunique a la otra su voluntad de no prorrogarlo con una anticipación de no menos de treinta días . En caso de prórroga, los honorarios se adecuarán cada año prorrogado.