A través de la iniciativa Dialogando BA se obtuvieron los insumos que fueron la base para el desarrollo de los principales temas del Código Electoral. La aprobación del mismo permitirá subsanar el vacío actual en la materia. Los objetivos que guiaron la propuesta del proyecto de ley priorizan: la transparencia en el proceso electoral, la ampliación de la participación política, la equidad en el reparto de los recursos de campaña y la institucionalización de las buenas prácticas políticas en el uso de tecnologías en procesos electorales.
Para avanzar en estos objetivos, el proyecto de ley incorporó valiosas innovaciones. Para aumentar la transparencia, la propuesta no sólo exige la bancarización de todos los movimientos monetarios vinculados a la campaña, sino también crea un registro de proveedores que permitirá transparentar los gastos que realicen las agrupaciones políticas. En la misma línea, el proyecto exige la publicación de los informes de campaña en las páginas web oficiales de las agrupaciones y de las autoridades electorales, garantizando así el acceso público a toda información relevante para la ciudadanía.
Respecto a la participación, la propuesta además de fortalecer la iniciativa pionera de la Ciudad de garantizar los derechos políticos de los extranjeros, incorpora la paridad y la alternancia por género como principios rectores en la conformación de las listas para los cargos electivos. Sobre la distribución de los recursos de campaña el proyecto de ley garantiza que el cincuenta por ciento de los aportes públicos se distribuyan en forma equitativa entre todos los partidos políticos. Esta nueva forma de distribución promueve la equidad en la competencia y a través de ésta, la consolidación de la democracia en la CABA.
La propuesta fomenta la institucionalización del uso de tecnologías en las diversas etapas del proceso electoral. En la misma línea, crea un registro de proveedores de soluciones tecnológicas que asegura la transparencia en el proceso de licitación y prevé testeos y auditorías con la participación de los partidos, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Por último, la iniciativa incorpora la promoción del debate público entre candidatos para que la ciudadanía pueda conocer en una instancia neutral las principales propuestas y propone la división del trabajo entre una autoridad administrativa y otra contenciosa, permitiendo así una mejor organización de las funciones electorales.
Hernán Charosky, Subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos
